Los detalles de un auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en julio ha puesto en vilo a muchos alcaldes que rigen ayuntamientos con un alto nivel de deuda. Y esa intranquilidad deviene no tanto porque la sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal obligue al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán a pagarle en un mes a la empresa Aroa los 600.000 que le adeuda desde hace más de once años por la ejecución de varias obras —entre ellas la construcción de la nueva casa Consistorial— sino porque hace una advertencia clara a su alcalde y al secretario de la Corporación: si no pagan en un mes tendrán que responder con su patrimonio. (…) Advierte el TSJA, se le impondrán multas coercitivas. Y aquí está la clave y lo novedoso: «estas multas recaerán, respectivamente, en el patrimonio personal del señor alcalde y del señor secretario judicial», aclarando que «las multas coercitivas se impondrán con periodicidad semanal hasta la completa ejecución», es decir, hasta que se termine de pagar los 600.000 euros. Además si no pagan, se les embargarán las cuentas.